Los medios de comunicación hidalguenses han reportado que en nuestro estado se cometieron al menos 70 feminicidios en los dos últimos años, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia del estado. Entre estos asesinatos hay por lo menos 20 mujeres que han sido violadas, mutiladas, destazadas, desmembradas y decapitadas durante los pasados 24 meses.
Hasta ahora, las autoridades estatales nunca habían comprendido este fenómeno, por más que las organizaciones feministas les intentábamos explicar con manzanas la urgencia de atender el feminicidio en Hidalgo.
Sin embargo, ayer la prensa local dio una gran noticia: la Procuraduría de Justicia del estado de Hidalgo echará a andar una fiscalía especializada en delitos de género. El procurador Alejandro Straffon aceptó lo que su antecesor nunca quiso hacer: reconocer que el feminicidio sí existe en la entidad, que cada vez se hace más presente y que hay que combatirlo.
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para Hidalgo (LAMVLVH) señala que la violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.
Julia Monárrez, exhaustiva investigadora sobre el feminicidio en México distingue tres categorías de feminicidios: íntimo, sexual sistémico y por ocupaciones estigmatizadas. El primer tipo se integra por dos subcategorías, el feminicidio infantil y el familiar. Esta tipología es la que recoge el Informe del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en México.
De acuerdo con dicho informe, el feminicidio íntimo es la privación dolosa de la vida de una mujer cometida por un hombre con quien la víctima tenía o tuvo una relación íntima, de convivencia, noviazgo, amistad, compañerismo o relaciones laborales, de vecindad, ocasional, circunstancial o afines a éstas.
Por otro lado, el feminicidio familiar íntimo es la privación dolosa de la vida de una mujer cometida por su cónyuge o cualquier descendiente o ascendiente en línea recta o colateral hasta en cuarto grado, hermana, concubina, adoptada o adoptante, o con quien tenga alguna relación afectiva o sentimental de hecho, cuando el delincuente tiene conocimiento de dicha relación.
El feminicidio por ocupaciones estigmatizadas se comete contra las mujeres que, ante el juicio patriarcal de sus asesinos se ejecuta porque “ellas lo provocaron al efectuar labores que merecen una sanción” (trabajo sexual, por ejemplo) o porque ellas realizaron actividades que “no les corresponden y ofenden a los hombres” (policías, soldadas o cualquier otro puesto de poder estereotípicamente masculino)
Monárrez considera que el feminicidio es el último eslabón de una larga cadena de violencia a la que las mujeres en todo el mundo se ven sometidas cotidianamente. Es la expresión más cruda de una sociedad machista que tolera y legitima la violencia contra las mujeres. Se basa en la desigualdad y en la discriminación hacia las mujeres. No es casual, ni un hecho aislado que las mujeres sean asesinadas por sus parejas.
En el libro “Hidalgo, la memoria contra el olvido”, editado por el Observatorio Ciudadano de Violencia Social y de Género, Bertha Miranda Rodríguez, presidenta de la Colectiva Feminista Hidalguense A. C., sostiene que: “La violencia feminicida no es imaginaria. En el estado de Hidalgo hemos sido enteradas por la prensa escrita de los casos de mujeres mutiladas, quemadas, violadas y asesinadas en el valle de Tulancingo. Las edades de estas mujeres eran de los 20 a los 40 años. En la zona de Tula esta violencia toca a las niñas (2 y 4 años de edad respectivamente) y en la capital del estado destacó el caso de las mujeres muertas en bares y hoteles, así como el caso de la pequeña de 11 años encontrada muerta en el municipio de Alfajayucan. Todos ellos son sólo algunos ejemplos de la existencia de este problema en Hidalgo, donde poco se puede hacer para castigar este tipo de violencia si no se cuenta con voluntad política y acciones reales por parte de las autoridades”.
El hecho de que la Procuraduría estatal vaya a combatir el feminicidio pudiera sonar poco meritorio para quienes no están adentrados en el tema, porque de entrada lo que el organismo hace es cumplir con su deber; pero para quienes hemos conocido de primera mano la cerrazón y la ignorancia de las autoridades hidalguenses respecto del tema, resulta una iniciativa espectacular, cuyo desarrollo habremos de seguir muy de cerca. La instauración de esta fiscalía es una de las ventajas de que el actual procurador haya pasado antes por la Comisión de Derechos Humanos, lo cual debería ser requisito curricular en lo sucesivo.
@taniamezcor FB: Tania Mezcor
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